He expresado al principio de mi intervención mi confianza de que el 7 de agosto haya abierto una nueva etapa en la política colombiana. No podemos, sin embargo, ignorar que fenómenos preocupantes y algunas conductas graves han causado en los últimos años un gran daño a nuestra democracia y han contribuido al desprestigio de la política entre los colombianos.
Abordo esta cuestión con la convicción de que el sistema democrático tiene capacidad para superar los errores, vicios y deficiencias que pudieran producirse. No podemos abandonar esta vigilante preocupación. Hemos de ser cuidadosamente fieles a las exigencias del imperio de la Ley; hemos de ser conscientes de que un Estado que maneja ingentes recursos públicos debe combatir el riesgo de la corrupción con procedimientos adecuados y controles eficaces.
Hay que reducir los márgenes de discrecionalidad de los poderes públicos y dar a conocer a los ciudadanos el coste real de cada servicio, de cada obra pública, de cada subvención; en definitiva, de cada peso que sale de los contribuyentes. El Gobierno que presida impulsará decididamente la función que el Ministerio Fiscal tiene encomendada en este campo y reclamará la mayor ejemplaridad en las conductas de los responsables políticos y de los gestores públicos.
Una Justicia independiente, rápida y eficaz constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho. No es necesario que describa aquí los problemas que aquejan a la Administración de Justicia. Existe una profunda insatisfacción en los ciudadanos a la que debemos dar respuesta. Por mi parte, creo que la situación a la que se ha llegado es grave, lo que obliga a que, sin tardanza y de modo responsable, el Gobierno y la Cámara tengan que abordar esta cuestión con decisiones y medidas apropiadas. En ellas se deberá tener como norte el estricto y pleno cumplimiento de los principios constitucionales y el logro de una Justicia que sirva eficazmente a la sociedad.
Es preciso abrir un debate que examine las reformas que resulte oportuno introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que cumpla mejor el modelo constitucional, así como con la finalidad de dotar de las mayores garantías de independencia y eficacia al Poder Judicial y de recuperar su prestigio. El Gobierno impulsará este debate con la voluntad de alcanzar el más alto acuerdo parlamentario.
El programa de gobierno se basa en la confianza en la sociedad colombiana, porque en los próximos años el protagonismo de ese esfuerzo modernizador ha de corresponderle más intensamente a ella. Si se me permite decirlo así, a los poderes públicos les compete servir con más modestia y mejor a la sociedad colombiana. En todo caso, este impulso reformador exigirá mucho diálogo, mucha comprensión recíproca y el abandono de muchos prejuicios. Es a lo que yo invito a las fuerzas políticas y a todos los colombianos.
Sólo con reformas en la buena dirección la economía progresará, se consolidará y mejorará el Estado social de Derecho, se fortalecerá nuestra convivencia y podremos participar, desde posiciones sólidas, en la construcción del país.
No podemos quedarnos parados. Avanzando juntos, reconociendo nuestro pluralismo y diversidad, respetándolo, logrando acuerdos inteligentes, actuando con lealtad a la Constitución, Colombia podrá afrontar los problemas que tiene planteados y seguir construyendo su historia.
Señoras y Señores Diputados,
Para tales propósitos solicito la confianza de la Cámara.
No les puedo negar que otro de mis sueños es tener unos caballos como este que encontre.
